Cristian Castillo: “Eliminar ministerios no elimina las obligaciones del Estado, solo perjudica a la ciudadanía”

El académico y exsecretario de la Administración Pública cuestionó la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de reducir la estructura estatal, advirtió sobre los efectos de las reformas al COOTAD y defendió la autonomía de los gobiernos locales.

El académico y exsecretario de la Administración Pública, Cristian Castillo, analizó la propuesta del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar cuatro ministerios adicionales y sostuvo que la medida evidencia un desconocimiento sobre las responsabilidades que el Estado está obligado a cumplir por mandato constitucional y legal.

Según Castillo, la desaparición de instituciones no implica que desaparezcan las competencias y obligaciones estatales.

“Todas las normas, incluida la Constitución, obligan al Estado a tener presencia en múltiples materias. Esas responsabilidades no desaparecen porque se eliminen instituciones. El único perjudicado termina siendo el pueblo ecuatoriano, que requiere la presencia del Estado a través de sus instituciones”, señaló.

A su criterio, se trata de una medida de carácter efectista que podría responder a una estrategia para reorientar la agenda política del Gobierno.

Críticas a las políticas impulsadas por el FMI

Castillo también cuestionó la influencia de los organismos financieros internacionales en las decisiones económicas del país.

“La intervención del Fondo Monetario Internacional no está orientada a incentivar proyectos de desarrollo. Sus políticas suelen responder más a la protección de los grandes acreedores que a las necesidades de crecimiento de las naciones”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que las medidas de reducción del Estado podrían afectar directamente la calidad de vida de la población.

“Tendremos menos presencia estatal y, por tanto, menos capacidad de consumo de la gente cuando el Estado deje de prestar servicios y las personas deban recurrir al sector privado para acceder, por ejemplo, a la salud”, explicó.

Estado fuerte y democracia

Para el exfuncionario, la fortaleza institucional del Estado está estrechamente vinculada con la calidad democrática.

“La ciudadanía confía más en la democracia cuando el Estado le resuelve los problemas y mejora la calidad de los servicios públicos. Los últimos estudios de Latinobarómetro muestran que la valoración de la democracia ha disminuido al mismo tiempo que ha caído la percepción ciudadana sobre los servicios públicos”, indicó.

Castillo sostuvo que un Estado sólido es una condición indispensable para el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia.

Además, cuestionó el argumento de que Ecuador posee una burocracia excesiva.

“Estados Unidos tiene alrededor del 15 % de empleo público, los países nórdicos llegan al 27 % y Ecuador no alcanza el 7 %. En varios países del África subsahariana el empleo público está por debajo del 5 %. Pensar que el Estado ecuatoriano es demasiado grande solo limita sus capacidades de desarrollo”, manifestó.

Recordó que la mayor parte de los servidores públicos se concentran en sectores estratégicos como seguridad, salud y educación.

“La mayor cantidad de funcionarios está en la Policía, las Fuerzas Armadas, la salud y la educación. Resulta difícil imaginar que se pretenda reducir personal precisamente en esas áreas”, agregó.

Defensa de la autonomía de los GAD

Respecto a las disputas entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Castillo afirmó que la solución debe pasar por el respeto a la Constitución, la autonomía y la descentralización.

“Las acciones políticas que afectan la posibilidad de que la ciudadanía elija libremente a sus autoridades terminan deteriorando la calidad de la democracia”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los procesos que enfrentan algunos alcaldes del país.

“Lo que ocurre con Aquiles Álvarez es triste. Lo que sucede con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, no resiste el menor análisis objetivo cuando se trata de autoridades que han desarrollado su trabajo en beneficio de sus localidades”, expresó.

Reforma al COOTAD y restricciones a la inversión local

Sobre las reformas al COOTAD, Castillo alertó que las nuevas disposiciones limitarían la capacidad de los municipios y prefecturas para orientar recursos hacia programas sociales y servicios públicos.

“La reforma obliga a concentrar la inversión en obras de cemento y fierro, dejando de lado programas de protección social y otros servicios fundamentales para la ciudadanía”, explicó.

Como ejemplo, mencionó el caso de Cuenca, donde la inversión municipal permitió construir tres hospitales municipales.

“El problema es que el municipio podría construir la infraestructura, pero no contratar al personal ni cubrir la nómina para operarlos, porque eso sería considerado gasto corriente. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se prestará el servicio?”, cuestionó.

Finalmente, expresó su expectativa de que la Corte Constitucional analice las demandas presentadas contra las reformas al COOTAD.

“Ojalá la Corte Constitucional resuelva favorablemente estas demandas, porque las reformas generan un impacto muy fuerte sobre la autonomía de los GAD y, en última instancia, afectan a la ciudadanía que espera que municipios y prefecturas desarrollen proyectos en beneficio de la colectividad”, concluyó.